Las políticas fondomonetaristas comúnmente denominadas “neoliberales”, instrumentadas en México desde los años ochenta del siglo XX. Esta corriente postula que la libre acción de las fuerzas del mercado, la desregulación y privatización de empresas públicas garantizará el crecimiento económico, el aprovechamiento de las ventajas comparativas y el establecimiento de un régimen político liberal. Algunos de sus principales resultados en la economía son una concentración del ingreso y la riqueza que pone en peligro precisamente la estabilidad económica y política del país; la pérdida del abastecimiento de una gran parte del mercado interno por productores nacionales que quebraron, como consecuencia de la apertura comercial apresurada e indiscriminada que se realizó desde 1985; la transnacionalización de la planta productiva nacional y del sistema comercial y financiero; la ruptura de múltiples cadenas productivas nacionales; un aumento del desempleo y el subempleo estructural; la baja de los salarios reales, cuyo poder adquisitivo ha disminuido pese a los incrementos de productividad; la disminución relativa del gasto social y la reducción absoluta, drástica y continua de la inversión pública, con el obcecado objetivo de alcanzar finanzas públicas equilibradas y hasta superavitarias y de abrir las puertas de la economía a la inversión privada, nacional y extranjera, incluso en áreas que protegía la Constitución.
Los recortes sostenidos en el gasto y la inversión públicos tuvieron, a su vez, consecuencias negativas en la sociedad, sobre todo, en los estratos medios y bajos que vieron disminuir sus ingresos, el acceso a un trabajo digno con salario digno y la calidad en los servicios de salud y educación. Asimismo, provocaron el atraso, abandono y hasta desmantelamiento de la infraestructura pública. Todo ello, deprimió fuertemente de calidad de vida del pueblo mexicano.
Otra característica de los gobiernos neoliberales, con consecuencias de carácter político y social, fue el trato dado a los trabajadores y al capital financiero. De un lado, mantuvieron las prácticas corporativas con objeto de continuar con el control de los trabajadores e impulsaron cambios legislativos, como en el caso del régimen de pensiones, que minan la solidaridad generacional y de género, entre otras, que existe entre la clase trabajadora. De otro lado, los numerosos cambios legislativos en materia financiera que se han dado, han favorecido de manera desmedida al capital financiero.
La justificación ideológica de quienes instrumentaron estas medidas consiste en asegurar que una vez superado el periodo de transición –durante el cual se han impulsado numerosos cambios estructurales y aún, después de 25 años, no termina– la economía comenzaría a funcionar adecuadamente, sin inflación y sin déficit, dando paso a su crecimiento. Sin embargo, este futuro promisorio solo existe en la mente de los tecnócratas. Para la amplia mayoría de la población los impactos negativos del ajuste estructural persisten. Esto provocó, desde un principio, un rechazo social amplio que con el tiempo se ha incrementado.
La existencia y desarrollo de teorías y modelos que buscan un crecimiento soberano y sostenido de la economía (dentro del juego internacional y con una distribución del ingreso más equitativa) junto a los movimientos sociales, han dado por resultado el surgimiento de diversas formas de organización y resistencia social que postulan un modelo alternativo de desarrollo económico.
Ricardo Álvarez Arredondo. “La reinvención del parlamentarismo mexicano”, revista Coyuntura, No. 123, septiembre-octubre, México, 2004.
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